Al nuevo paradigma en seguridad le sobran empleados públicos
En la última semana se anunció que el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Patria Bullrich, sufrirá una reducción de casi el 40 % de su planta de empleados y, en esta sintonía, se comenzaron a efectivizar los primeros despidos de una lista de 215 empleados, seleccionados sin criterio alguno. Se sabe que en las próximas semanas continuaran llegando los telegramas hasta alcanzar la “desvinculación” de 460 trabajadores y trabajadoras que integran una lista inicial de recorte de personal.
Al compás de los despidos en el área, mediante el decreto 228/2016 de fecha 21 de enero, se declara la “Emergencia de Seguridad Pública”, echando mano a fundamentos cuanto menos criticables, genéricos, plagados de lugares comunes y frases hechas.
El dictado de la “Emergencia”, no se fundamenta en datos estadísticos, ni en estudios pormenorizados de cuál es realmente la modalidad por la cual la droga ingresa a nuestro país, ni pone el acento en las conductas cómplices de los funcionarios de las fuerzas policiales y de Seguridad, locales y federales.
Las medidas que se disponen para “atacar” la “emergencia en seguridad” parecen más una expresión de deseo del nuevo Gobierno antes que un listado de medidas efectivamente tendientes a “combatir” el delito organizado. Las únicas tres cosas concretas que se mencionan son: el derribo de aviones que no se identifiquen, la compra de recursos materiales en forma directa (sin licitación) y la posibilidad de llamar a personal retirado de las Fuerzas Federales para reintegrarse a sus filas.
En cuanto a la posibilidad de derribo de aviones no identificados, resulta la medida más polémica de todo el decreto. En principio porque se está estableciendo la pena de muerte sin juicio previo y por decreto, sin participación alguna del Congreso y en contra de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, y que tienen jerarquía constitucional.
Asimismo, se utiliza como fundamento para habilitar la medida, las nueve oportunidades en que el Kirchnerismo puso en marcha medidas similares en ocasiones de visitas de presidentes a nuestro país, situaciones en la que se le encargaba a la Fuerza Aérea que realice una vigilancia y cuidado del espacio aéreo en atención a la importancia de los visitantes.
Ahora, claramente, esto nada tiene que ver con regular este mecanismo como una medida ordinaria de seguridad interior, dándole intervención a las Fuerzas Armadas, como hace el Decreto 228/2016, circunstancia que encuentra tajantemente prohibida por nuestra legislación en la que se establece la prohibición de la participación de estas fuerzas en materia de seguridad interior.
Otro de los puntos criticables de la medida presidencial, pero que es común a todas las declaraciones de emergencia que se vienen dictando desde el 10 de diciembre, es la posibilidad de disponer de las asignaciones presupuestarias sin pasar por procesos de licitación, esto es, en forma directa. Sin duda que esta circunstancia posibilita la utilización discrecional de los recursos, fundada en una situación de emergencia que no encuentra justificación alguna.
Por último, se dispone la posibilidad de reincorporar personal en situación de retiro, a fin que vuelva a prestar funciones en la fuerza a la que pertenecían. Esta disposición, de fracaso comprobado a lo largo de la historia, no tiene eficacia alguna para combatir la denominada emergencia, toda vez que no hay un problema de cantidad de recursos humanos, y en todo caso el problema sustancial es la capacitación de ese personal para revertir la situación de emergencia declarada, circunstancia que no dará con la reincorporación del personal que ya se encuentra retirado de la fuerza y que no tienen la actualización necesaria para hacer frente a las nuevas modalidades delictivas.
Ahora bien, por un lado están los despidos del 40% de la planta del Ministerio de Seguridad y por el otro lado está la declaración de la emergencia en seguridad, como un tema fundamental a ser tratado y que el gobierno discursivamente y demagógicamente quiere atacar.
Entonces, nos encontramos con una cuestión que parece, a simple vista incoherente, pero que cuando se analiza bajo el prisma de qué seguridad se quiere construir, parece perder toda esa incoherencia.
Se puede señalar que hay dos modelos de seguridad interior que puede desarrollar un gobierno. Por un lado está la seguridad democrática, con participación ciudadana y respeto irrestricto de los derechos humanos, que supone un control civil y político activo, para la cual sin lugar a dudas es necesario una planta de empleados públicos que realice el control de las miles de tramitaciones que las fuerzas realizan en cada una de las áreas en las que tienen participación.
Por otro lado está el modelo de seguridad más militarizada y autónoma, que deja la mayoría de las cuestiones en manos de las mismas fuerzas, sin un control político activo y aumentando su autonomía.
Definitivamente, el despido de casi el 40% de la planta de empleados del Ministerio de Seguridad y la declaración de la emergencia en seguridad, dejan en evidencia que este segundo modelo es el que se está comenzando a desarrollar, lamentablemente, en nuestro país.
Y digo lamentablemente porque la historia demuestra que darle rienda suelta a la voluntad de las fuerzas de seguridad y dejar que sean ellas quienes diseñan las políticas públicas en la materia y establezcan las prioridades, significa un grave error que termina pagando el pueblo entero.
Es necesario el control político activo de las fuerzas de seguridad para garantizar el respeto de los derechos humanos del pueblo todo. Cuanto más nos acercamos a la autonomía de las fuerzas, más nos alejamos de un modelo de seguridad democrática que nos merecemos como pueblo.
A este nuevo modelo de seguridad, le sobran empleados públicos porque a las fuerzas de seguridad le sobra autonomía.