Lejos de la no represión
En el último mes se suscitaron dos hechos que obligan a analizar la intervención de las Fuerzas Policiales y de Seguridad en el marco de las manifestaciones públicas y la consecuente responsabilidad política por el accionar de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Provincia de Tucumán, tan alejados de los criterios de no represión sostenidos, al menos desde lo discursivo, en la última década.
De la represión en Buenos Aires:
El gobierno nacional relevó esta semana al Director de Gendarmería Nacional Enrique Zach y a su Subdirector Carlos José Pereyra , utilizando como argumento que dicha separación del cargo fue consecuencia de la represión que esa fuerza de seguridad desplegó sobre los trabajadores de la línea 60 a fines del mes de julio, en el corte organizado en la panamericana. Este motivo fue replicado, sin excepción, por todos los medios de comunicación.
El 28 de julio de este año, la Gendarmería utilizo balas de goma para desalojar la panamericana reprimiendo a los trabajadores que estaban llevando adelante una medida de fuerza tras varios días en que el conflicto laboral no tenía respuesta por parte del Estado.
Así, la presencia que tuvo el Estado en el conflicto, comenzó con la represión de los trabajadores y no, como debería haber sido, con una intervención activa para mediar en el conflicto con la patronal de la línea 60. De hecho, el mismo día de la represión, en horas de la tarde, se realizó una mediación entre los trabajadores y la patronal que estuvo, en principio, coordinada por el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Alejandro Granados y que fue, paradójicamente, el puntapié para la resolución del conflicto.
No está de más recordar que el Ministerio de Seguridad de la Nación, mediante la Resolución 210 del año 2011, fijó los “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas” mediante los cuales, entre otras cuestiones, se fijaron los parámetros de intervención policial en las manifestaciones, prohibiendo la utilización de balas de gomas con fines de dispersión o/y desalojo de los lugares anegados por la presencia de manifestantes.
Estos criterios, desoídos de cabo a rabo en aquella actuación de la Gendarmería, fue la que motivó, según lo comunicado por el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández la remoción, casi un mes después, de la cúpula de la Gendarmería Nacional.
Sinceramente, cuesta creer que los motivos de la decisión haya sido la represión a los trabajadores.
En primera instancia debido al tiempo transcurrido entre el suceso y la decisión de apartar a los responsables máximos de la fuerza. Pero sobre todo, porque se trata de una medida que estuvo coordinada durante todo el desarrollo por el Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni.
Las fuerzas de seguridad, desde la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación en diciembre de 2010 tras la represión y las muertes del parque indoamericano, cuentan con una conducción política que, en su parte operativa, se encuentra en cabeza del Secretario de Seguridad.
Control político significa, concretamente eso: controlar políticamente a las fuerzas, direccionando su accionar, entre otros objetivos, en atención a la política de no represión de las protestas sociales que fuera el criterio marcado por Néstor al comienzo de la década Kirchnerista.
Entonces, cuesta entender que ante la represión desplegada por la Gendarmería Nacional contra los trabajadores que estaban manifestando la respuesta por parte del responsable político de la Fuerza sea desplazar a la cúpula, cuando el control del operativo estaba a cargo del Secretario de Seguridad de la Nación, que supervisaba todo desde un helicóptero, y quien en ningún momento de todo el despliegue represivo dio la orden de cesar con las balas de goma.
En el hipotético caso que el Gobierno Nacional no tolere la represión contra los trabajadores, más que desplazar a la cúpula de la Gendarmería, un mes después de los sucesos, tendría que haber “desalojado” de su puesto al Secretario de Seguridad de la Nación, tan distante de la política de no represión de la protesta social, sostenida desde lo discursivo por el Gobierno Nacional.
Claramente que esta no trata de ser una defensa de la cúpula de Gendarmería Nacional que sin lugar a dudas resulta ser, también, responsables de la represión a los trabajadores y del incumplimiento de los criterios marcados en la mencionada resolución.
De la represión en Tucumán:
Por otro lado, nos encontramos frente a lo sucedido el día lunes en la Capital Tucumana, donde la policía local – bajo el mando del Gobernador José Alperovich - reprimió la manifestación concentrada en la plaza ante el supuesto fraude electoral y la quema de 42 urnas, con participación de policías de civil que, además de estar infiltrados, se dedicaron a pegarle a los/as manifestantes.
Más allá de la manipulación de los hechos realizada por los medios hegemónicos de comunicación, debe repudiarse la respuesta represiva por parte de la policía local. Uno puede no estar de acuerdo con los motivos invocados en el reclamo popular, es más, puede hacer un análisis crítico en cuento al carácter “auto convocada” de la manifestación, lo que no se puede dejar de señalar es que la represión por parte de las fuerzas de seguridad, sean nacionales, provinciales o municipales, resulta un hecho de gravedad considerable en una democracia que pretende ser respetuosa de los Derechos Humanos.
Esta actuación policial dejó como saldo 20 personas heridas por el impacto sobre el cuerpo de las balas de gomas, y otras tantas con consecuencias por el gas lacrimógeno.
La fiscal que se encuentra interviniendo en la investigación por los hechos, María de las Mercedes Carrizo, solicitó la detención del Jefe de la Policía de Tucumán José Dante Bustamante, quien se encuentra imputado por lesiones, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si bien el juez a cargo de la investigación no hizo lugar a la orden de detención, la imputación continúa en marcha.
Más allá del grado de responsabilidad que le pueda caber al Jefe de la Policía Local, conjuntamente con quienes se encontraban a cargo en el lugar de los hechos, lo que no puede esconderse es la responsabilidad política del Gobernador Alperovich en los hechos represivos.
Las fuerzas de seguridad deben responder al poder político, esa debe ser la regla en un estado democrático de derecho como el nuestro. Si Alperovich no dio la orden de reprimir, debió haber realizado aquellas acciones que impidan que la represión continúe desde el minuto uno en que tomó conocimiento de los acontecimientos.
Es tan grave la represión como permitir el autogobierno de las fuerzas policiales y de seguridad, mucho más si en ese autogobierno implica una respuesta represiva a las manifestaciones populares – cualquiera sea su color político -.
Las estructuras de las policías de varias de nuestras provincias – para no decir todas – deben ser reformadas a fin de eliminar de ellas todo rasgo antidemocrático. Esa es otra de las deudas de nuestra democracia.
Todo Estado de derecho tiene el desafío, y la obligación, de respetar todas las expresiones de su pueblo, siempre que las mismas se realicen en forma pacífica. Y, si por algún motivo, esas expresiones dejaran de realizarse en tranquilidad, las fuerzas de seguridad tienen el deber de intervenir a fin de evitar daños entre los manifestantes, pero ante caso específico. No lanzando gases y balas de goma a mansalva.
Tanto la represión a los trabajadores de la línea 60, como la respuesta ante la manifestación en la provincia de Tucumán dejan en evidencia que de un tiempo a esta parte, lejos ha quedado el horizonte de no represión a los conflictos sociales.